política y medios

Censura indirecta en América Latina
Un informe revela el abuso de fondos públicos para manipular a los medios
El precio del silencio, elaborado conjuntamente por la Asociación por los Derechos Civiles y la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta (Nueva York) documenta restricciones financieras y regulatorias a la libertad de expresión en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay. El jueves 14 el informe se presenta en Buenos Aires
(Buenos Aires, 11 de agosto de 2008) - La creciente interferencia gubernamental en la libertad de expresión amenaza la independencia editorial y el acceso ecuánime a la información en siete países de América Latina, según un informe presentado hoy en Bogotá. El precio del silencio examina abusos en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay, incluyendo el uso extendido de publicidad oficial para premiar o castigar coberturas periodísticas. El jueves 14 a las 13.30 horas el informe se presenta con una conferencia en Buenos Aires.
“Millones de pesos son utilizados por funcionarios públicos para tratar de comprar coberturas favorables, situación que empeora si tenemos en cuenta los bajos salarios y la falta de seguridad laboral por la que atraviesan muchos periodistas”, dijo Darian Pavli, uno de los autores del informe y asesor jurídico de Libertad de Expresión e Información de la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta.
Las autoridades latinoamericanas han recurrido durante mucho tiempo a la violencia, al hostigamiento por vías legales y a otras formas de intimidación para silenciar a los periodistas. El precio del silencio revela que distintos gobiernos de la región utilizan en la actualidad mecanismos menos evidentes para controlar a los medios, a través del abuso de sus facultades regulatorias y financieras.
“Esta censura “sutil” puede inhibir a muchos periodistas y aún permanecer invisible para el público”, sostuvo Roberto Saba, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles, institución que co-edita el informe. “Se necesitan reformas inmediatas que incluyan el compromiso de todos los niveles de gobierno para modificar las leyes sobre publicidad oficial y terminar con las presiones indebidas a los medios”, agregó.
El precio del silencio documenta distintos tipos de interferencias y cuenta casos concretos, como los pagos directos de funcionarios públicos a periodistas en Colombia y Perú; las autoridades locales en Chile dictando aquello sobre lo que los periodistas pueden escribir, y el intento de un alto funcionario de Costa Rica de utilizar contratos publicitarios para influenciar el resultado de una extensa batalla política.
“Sin una prensa independiente, ningún país puede disfrutar los beneficios de una democracia vibrante. Aún hoy muchos gobiernos en América Latina tienden a tratar a los medios como a un boletín de noticias”, dijo María Teresa Ronderos, presidente del consejo directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que contribuyó con la investigación.
Según el estudio, las facultades regulatorias han sito utilizadas abusivamente para manipular a los medios. En el ámbito de la radiodifusión en particular, muchos gobiernos han otorgado licencias para beneficiar a amigos políticos y mantener voces independientes fuera del aire. Uruguay, por ejemplo, recientemente ha comenzado a reconciliarse con una larga historia de favoritismos políticos que afectan la distribución de licencias de radiodifusión. Asimismo, muchas autoridades toman represalias en contra de coberturas críticas. En Honduras, funcionarios oficiales suspendieron el servicio telefónico a una estación de radio nacional, mientras que autoridades locales argentinas clausuraron una imprenta.